Tras muchas hipótesis de lo que pasaría en Cataluña el día 1 de octubre, finalmente ayer tuvo lugar el referéndum que se celebró en un ambiente hostil y amenazador.
Este referéndum de autodeterminación de Cataluña fue convocado el pasado 6 de septiembre por el gobierno catalán encabezado por Carles Puigdemont. Al día siguiente se suspendió la vigencia de la ley de referéndum y se declaró ilegal el referéndum previsto para el 1 de octubre.
Después de varios enfrentamientos entre el gobierno catalán, proclive al independentismo y a llevar a cabo el proceso de autodeterminación mediante un referéndum popular, y el gobierno español, que defiende la unidad del Estado y no se ha cansado de repetir que impediría el proceso a toda costa , los dos cumplieron su palabra. Los catalanes salieron a votar, y el gobierno mandó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para impedirlo. El resultado desembocó en oleadas de violencia y se saldó con unos 500 heridos en la jornada de ayer.
La crisis institucional que se abriera en su día cuando el gobierno español declaró ilegal el referéndum, se agudizó ayer al tratar de impedirlo a base de porra contra cualquiera que se acercara a votar.
El gobierno catalán ha asegurado que unos 2,2 millones de personas votaron ayer en el referéndum, y que alrededor del 90% optaron por la opción separatista. Resultados, por otro lado, que no tienen ninguna validez oficial por una falta de control en el sistema de votación debido a la estrategia del miedo que utilizó el gobierno español, y a la que no pudieron hacer frente las personas que acudieron a votar en los colegios ya que se confiscaron varias urnas y papeletas durante el proceso, se prohibió la entrada a los colegios y se desalojaron varios de ellos en los que estaban teniendo lugar las votaciones.
Puigdemont insiste en que el referéndum es “plenamente válido” y ha afirmado que espera que “Bruselas considere que los catalanes somos ciudadanos al mismo nivel que los de Hungría y Polonia, a los que defienden cuando se pisan libertades, y los derechos fundamentales les conciernen, no pueden mirar hacia otro lado”.
Sin embargo, la UE ha declarado que este problema es un problema interno de España del que Rajoy se tiene que ocupar y ha reiterado que el referéndum celebrado ayer es inválido debido a que no se ha celebrado bajo el marco de la legalidad. Por otro lado, ha criticado duramente a España por el uso de una violencia desproporcionada contra ciudadanos que acudían a votar de forma pacífica.
Andrea
